Cada año los gobiernos destinan muchos recursos a programas que abordan la pobreza, educación, salud y otras cuestiones sociales. Lamentablemente, sólo una pequeña parte de esos fondos se utilizan en programas con fuerte evidencia de que funcionarán.
Muchos de los líderes en el sector público, administradores de proyectos de esa esfera y de organizaciones sin fines de lucro no están convencidos de que los beneficios de la práctica basada en la evidencia (evidence-based practice) superen el gasto o dificultad adicional de utilizar ese método. La práctica basada en la evidencia consiste en el uso de rigurosos exámenes para evaluar la eficacia de una intervención. Para que este enfoque gane impulso es necesario concentrarse en lograr implementar el método a una escala más grande, utilizando la información para mejorar los programas y proyectos de forma continua.
De acuerdo a un artículo escrito por Jennifer Brooks publicado en la Stanford Social Innovation Review[1], para comenzar, lo más importante es entender y analizar el problema que el tomador de decisiones quiere resolver. Se debe ofrecer más que simplemente una lista de estrategias o intervenciones basadas en evidencia. Es conveniente preguntarse qué beneficios quiere alcanzar el tomador de decisiones y qué nos dicen los datos acerca de por qué no se están alcanzando los objetivos con los métodos actuales. En general, aparecen muchas teorías que buscan explicar el problema, pero muy pocos datos de la realidad. Los tomadores de decisiones eligen las estrategias basados en sus suposiciones acerca de la naturaleza del problema. Las teorías pueden estar basadas en investigaciones y parecer basadas en evidencia para los tomadores de decisión, pero sin información específica para un determinado contexto, la intervención propuesta puede no ser útil o aplicable, generándose un derroche de recursos.
Un problema relacionado a lo anterior y que ocurre con la actual implementación de prácticas basadas en evidencia es que se subestima la necesidad de un continuo monitoreo y mejoramiento. Si se encuentra que una intervención resultó efectiva una o dos veces, suele pensarse que lo será en todo lugar y contexto, lo cual no resulta cierto. Los hacedores de política deben tener y usar datos locales para monitorear el progreso. El mejoramiento continuo de programas sociales requiere muchos tipos de información, incluyendo qué tan bien el programa alcanza a la población objetivo, si sus necesidades están cambiando, si las intervenciones están siendo efectivamente implementadas y si se están generando beneficios como se esperaba.
De acuerdo a la autora, hay caminos que contribuirán a promover la práctica basada en evidencia. En primer lugar, es necesario contar con mejor información. En general los gobiernos disponen de recursos limitados para generar o usar evidencia -se destina poco a evaluación-, que muchas veces es visto como un gasto adicional. Es importante precisar qué datos son necesarios para la evaluación, la investigación, el desarrollo, la gestión del programa, y enfocarse en conseguirlos. En segundo lugar, debemos prestar la misma atención a las prácticas y a los sistemas en que se basan. Mejoras en el sistema sin cambios en las prácticas no traerán beneficios. Esto significa que debemos enfocarnos en la evidencia, la información y la toma de decisiones para los diferentes niveles que participan. No son lo mismo la información necesitada y la elección de un director ejecutivo de una organización sin fines de lucro que las de un funcionario que no dirige directamente un programa. En tercer lugar, hay que continuar destacando el ahorro de costos que se termina generando gracias a la práctica basada en la evidencia y que ha contribuido a que este enfoque llegue tan lejos como lo ha hecho.
[1] //ssir.org/articles/entry/making_the_case_for_evidence_based_decision_making?platform=hootsuite
